Hace unos días, el Jefe de Gabinete Nacional, Alberto Fernández, aclaró que no existe en la administración actual, una intención estatista, en especial respecto de las privatizaciones realizadas en la pasada década peronista.
Si no era fácil creerle luego de ver como se quedaban con el Correo Central y las líneas de ferrocarriles San Martín, lo fue más difícil aún cuando fueron creadas ENARSA y ARSAT. Ahora que se pretende crear en reemplazo de Aguas Argentinas, AYSA, ya no quedan dudas.
Debemos estar tranquilos que no es un tema ideológico el que los lleva a realizar estos sucesivos pasos de reestatización de empresas que originariamente estuvieron en manos del estado y que luego fueron privatizadas o concesionadas.
Cuando estos “nuevos políticos” llegaron al poder, se encontraron con la peor cara que la década menemista les podía dejar. O mejor dicho, que no les dejó. No había caja.
No había caja para pagar deudas políticas, ni la había para “hacer” nuevos amigos. Ni siquiera para acumular unos fondos de pensión personales tales, que valieran la pena la exposición de salir de la controlada y segura provincia de Santa Cruz y venirse a Balcarce 50.
La capacidad de entrepreneurship estatal, no está en todos, como tampoco lo está en el sector privado. Entonces, algunos ministros y secretarios han sobresalido en el difícil arte de robar millones delante de la vista de todo un pueblo, sin que nadie se queje. Claro que los que se dan cuenta, no denuncian sino que van por su parte, a cambio del silencio.
Veamos algunas particularidades de la nueva empresa Aguas y Saneamiento Argentinos SA.
Tal como en el caso de las dos empresas recientemente constituidas (ENARSA y ARSAT), AYSA estará bajo el régimen de la Ley 19.550, la que regula y tipifica a las sociedades comerciales. En los considerandos, se fundamenta este desatino, en que esta “será la figura jurídica más apropiada para asegurar la fluidez operativa del servicio ...”. Como consecuencia de esto, AYSA es una empresa privada y ninguna de los controles o regulaciones de una empresa estatal, le alcanzan. Veamos esto en torno a las posibilidades de contratar, comprar o asociarse, sin ningún proceso administrativo que permita el control desde los órganos del estado. Esto nos lleva a que AYSA, no estará obligada a respetar la Ley sobre Contrataciones, ni la Ley de Contabilidad de Empresas Públicas ni siquiera la Ley de Administración Pública. O sea, ni la SIGEN ni la Auditoria General de la Nación, podrán poner la lupa sobre los actos que en nombre de AYSA, sus funcionarios realicen.
De manera adicional y por un plazo de 90 días, se suspende la aplicación del Decreto 491/ 02, permitiéndole. Mediante este Decreto de Necesidad y Urgencia, toda designación que se realizará en la Administración Pública, centralizada y descentralizada, debía ser realizada de manera directa, por el Poder Ejecutivo Nacional. El objeto del mismo es evitar que cada jurisdicción o entidad independiente, nombre y/o promocione a sus empleados de manera anárquica, ya que esto facilita el aumento de planta en cualquiera de sus variantes (planta permanente, transitoria o contratados). De más está decir que la suspensión de la vigencia de esta norma, facilitará el ingreso de las huestes K y seguramente, dentro de 90 días veremos que todos son planta permanente, asegurando así un desmedido incremento del gasto público futuro, comprometiendo recaudación e inflando los índices de ocupación de manera que la propaganda oficial, podrá mostrar una mayor generación de empleos. Casi podríamos decir, que veremos que la relación entre la nomina de AYSA y Aguas, será más que significativa.
Como no es cuestión de tan solo limitarnos a la aburrida actividad de dar agua y cloacas en la zona más densamente poblada de la argentina, en el Art. 1 del decreto, dice: “La sociedad podrá realizar aquellas actividades complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y su objeto social, o bien que sean propias, conexas y/ o complementarias a las mismas, tales como el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano y fiscalización de los efluentes industriales así como la explotación, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas y superficiales. A tales efectos, la sociedad podrá constituir filiales y subsidiarias y participar en otras sociedades y/o asociaciones, cuyo objeto sea conexo y/o complementario. Asimismo, tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos por las leyes, su Estatuto y toda norma que le sea expresamente aplicable.”
Como vemos aquí, AYSA se puede convertir en un gran conglomerado de empresas satélites, que según a criterio del ministro de Planificación Federal, sean conexas, complementarias, etc., dando la mayor discrecionalidad posible respecto de hasta donde puede desarrollarse este emprendimiento no privado, no estatal.
Es interesante analizar el séptimo de los considerandos del decreto 304/ 06, que crea este engendro. Textualmente, “Que toda vez que el servicio de provisión de agua potable y cloacas resulta esencial para la comunidad, el ESTADO NACIONAL debe asegurar su continuidad en forma general, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios, por lo que se torna imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes”. Las mayúsculas son del propio decreto.
Dicho de otra forma, si para poder crear esta empresa privada con mayoría accionaria del estado, con fuertes espacios por donde la discrecionalidad se puede colar y sin más limites para hacer que los que los responsables de la misma le definan, se debe violar la CONSTITUCION NACIONAL, pues no debemos privarnos de nada y seguir adelante.
La fiscalización, dado que esta empresa estará regida por las normas del derecho privado y ni la SIGEN ni ningún otro órgano del estado podrán controlarla, estará en cabeza de una Comisión de Fiscalización (Art. 28 del estatuto), que será conformado por tres directores, dos de ellos nombrados por la Asamblea de accionistas y el tercero por los trabajadores. No debemos olvidar, que la tenencia accionaria será del 90% del Ministerio de Planificación Federal y el otro 10%, por el sindicato. Todo muy ordenadito, como corresponde a un buen arquitecto.
Finalmente, el financiamiento de AYSA queda por resolverse. De realizarse vía aportes del estado, esto implicaría la afectación de partidas presupuestarias no previstas. Desde ya que estos fondos provendrían de los impuestos recaudados (¿de donde más?) en toda la nación, creando de hecho un subsidio hacia la zona de influencia de AYSA (CABA y 1ro y 2do cordón del GBA) desde el resto de los distritos, quienes además, deben pagar sus propias redes de aguas y cloacas. No suena muy justo.
Si en cambio se financiara vía tarifas, lo que implicaría la necesidad de reajuste de estas, queda pensar, porque motivo no se negoció dicho ajuste con el operador anterior, y evitamos estas expediciones hacia lo desconocido con fondos públicos.
En los últimos días se habla de una compensación a las provincias para que no “chillen” por los aportes que el estado nacional hará en AYSA. Me pregunto ¿No hubiera sido más fácil, barato y principalmente acotado, haber otorgado un subsidio a los habitantes de las zonas más necesitadas y haber permitido el ajuste de tarifas al concesionario y a partir de allí, luego de renegociar los plazos, exigir el cumplimiento del plan de inversiones, las que quedarían como responsabilidad del privado? Claro que esto habría privado a los funcionarios de la discrecionalidad de importantes fondos públicos, vía no sólo AYSA, sino los fideicomisos “pisados” por el ministro.
Por último, hemos visto que ni los que se sentaban en el directorio de Aguas, a propuesta de los accionistas franceses no los sindicalistas, han sido solidarios en el reparto de responsabilidades. Tan es así, que el primero es el nuevo presidente de la empresa (Ben) y los segundos, se han quedado con el 10% de las acciones. O sea, ahora hay “nuevos amigos”.
Lamentablemente, no creo que el viejo adagio “La tercera es la vencida” se cumpla. Por el contrario, da la sensación que algunos funcionarios se están cebando.
Seguramente, habrá que agrandar las cárceles para cuando los K se vayan. Esperemos que la Justicia este al nivel que los hechos habrán de demandarle.
Abril 04, 2006.-
Si no era fácil creerle luego de ver como se quedaban con el Correo Central y las líneas de ferrocarriles San Martín, lo fue más difícil aún cuando fueron creadas ENARSA y ARSAT. Ahora que se pretende crear en reemplazo de Aguas Argentinas, AYSA, ya no quedan dudas.
Debemos estar tranquilos que no es un tema ideológico el que los lleva a realizar estos sucesivos pasos de reestatización de empresas que originariamente estuvieron en manos del estado y que luego fueron privatizadas o concesionadas.
Cuando estos “nuevos políticos” llegaron al poder, se encontraron con la peor cara que la década menemista les podía dejar. O mejor dicho, que no les dejó. No había caja.
No había caja para pagar deudas políticas, ni la había para “hacer” nuevos amigos. Ni siquiera para acumular unos fondos de pensión personales tales, que valieran la pena la exposición de salir de la controlada y segura provincia de Santa Cruz y venirse a Balcarce 50.
La capacidad de entrepreneurship estatal, no está en todos, como tampoco lo está en el sector privado. Entonces, algunos ministros y secretarios han sobresalido en el difícil arte de robar millones delante de la vista de todo un pueblo, sin que nadie se queje. Claro que los que se dan cuenta, no denuncian sino que van por su parte, a cambio del silencio.
Veamos algunas particularidades de la nueva empresa Aguas y Saneamiento Argentinos SA.
Tal como en el caso de las dos empresas recientemente constituidas (ENARSA y ARSAT), AYSA estará bajo el régimen de la Ley 19.550, la que regula y tipifica a las sociedades comerciales. En los considerandos, se fundamenta este desatino, en que esta “será la figura jurídica más apropiada para asegurar la fluidez operativa del servicio ...”. Como consecuencia de esto, AYSA es una empresa privada y ninguna de los controles o regulaciones de una empresa estatal, le alcanzan. Veamos esto en torno a las posibilidades de contratar, comprar o asociarse, sin ningún proceso administrativo que permita el control desde los órganos del estado. Esto nos lleva a que AYSA, no estará obligada a respetar la Ley sobre Contrataciones, ni la Ley de Contabilidad de Empresas Públicas ni siquiera la Ley de Administración Pública. O sea, ni la SIGEN ni la Auditoria General de la Nación, podrán poner la lupa sobre los actos que en nombre de AYSA, sus funcionarios realicen.
De manera adicional y por un plazo de 90 días, se suspende la aplicación del Decreto 491/ 02, permitiéndole. Mediante este Decreto de Necesidad y Urgencia, toda designación que se realizará en la Administración Pública, centralizada y descentralizada, debía ser realizada de manera directa, por el Poder Ejecutivo Nacional. El objeto del mismo es evitar que cada jurisdicción o entidad independiente, nombre y/o promocione a sus empleados de manera anárquica, ya que esto facilita el aumento de planta en cualquiera de sus variantes (planta permanente, transitoria o contratados). De más está decir que la suspensión de la vigencia de esta norma, facilitará el ingreso de las huestes K y seguramente, dentro de 90 días veremos que todos son planta permanente, asegurando así un desmedido incremento del gasto público futuro, comprometiendo recaudación e inflando los índices de ocupación de manera que la propaganda oficial, podrá mostrar una mayor generación de empleos. Casi podríamos decir, que veremos que la relación entre la nomina de AYSA y Aguas, será más que significativa.
Como no es cuestión de tan solo limitarnos a la aburrida actividad de dar agua y cloacas en la zona más densamente poblada de la argentina, en el Art. 1 del decreto, dice: “La sociedad podrá realizar aquellas actividades complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y su objeto social, o bien que sean propias, conexas y/ o complementarias a las mismas, tales como el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano y fiscalización de los efluentes industriales así como la explotación, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas y superficiales. A tales efectos, la sociedad podrá constituir filiales y subsidiarias y participar en otras sociedades y/o asociaciones, cuyo objeto sea conexo y/o complementario. Asimismo, tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos por las leyes, su Estatuto y toda norma que le sea expresamente aplicable.”
Como vemos aquí, AYSA se puede convertir en un gran conglomerado de empresas satélites, que según a criterio del ministro de Planificación Federal, sean conexas, complementarias, etc., dando la mayor discrecionalidad posible respecto de hasta donde puede desarrollarse este emprendimiento no privado, no estatal.
Es interesante analizar el séptimo de los considerandos del decreto 304/ 06, que crea este engendro. Textualmente, “Que toda vez que el servicio de provisión de agua potable y cloacas resulta esencial para la comunidad, el ESTADO NACIONAL debe asegurar su continuidad en forma general, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios, por lo que se torna imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes”. Las mayúsculas son del propio decreto.
Dicho de otra forma, si para poder crear esta empresa privada con mayoría accionaria del estado, con fuertes espacios por donde la discrecionalidad se puede colar y sin más limites para hacer que los que los responsables de la misma le definan, se debe violar la CONSTITUCION NACIONAL, pues no debemos privarnos de nada y seguir adelante.
La fiscalización, dado que esta empresa estará regida por las normas del derecho privado y ni la SIGEN ni ningún otro órgano del estado podrán controlarla, estará en cabeza de una Comisión de Fiscalización (Art. 28 del estatuto), que será conformado por tres directores, dos de ellos nombrados por la Asamblea de accionistas y el tercero por los trabajadores. No debemos olvidar, que la tenencia accionaria será del 90% del Ministerio de Planificación Federal y el otro 10%, por el sindicato. Todo muy ordenadito, como corresponde a un buen arquitecto.
Finalmente, el financiamiento de AYSA queda por resolverse. De realizarse vía aportes del estado, esto implicaría la afectación de partidas presupuestarias no previstas. Desde ya que estos fondos provendrían de los impuestos recaudados (¿de donde más?) en toda la nación, creando de hecho un subsidio hacia la zona de influencia de AYSA (CABA y 1ro y 2do cordón del GBA) desde el resto de los distritos, quienes además, deben pagar sus propias redes de aguas y cloacas. No suena muy justo.
Si en cambio se financiara vía tarifas, lo que implicaría la necesidad de reajuste de estas, queda pensar, porque motivo no se negoció dicho ajuste con el operador anterior, y evitamos estas expediciones hacia lo desconocido con fondos públicos.
En los últimos días se habla de una compensación a las provincias para que no “chillen” por los aportes que el estado nacional hará en AYSA. Me pregunto ¿No hubiera sido más fácil, barato y principalmente acotado, haber otorgado un subsidio a los habitantes de las zonas más necesitadas y haber permitido el ajuste de tarifas al concesionario y a partir de allí, luego de renegociar los plazos, exigir el cumplimiento del plan de inversiones, las que quedarían como responsabilidad del privado? Claro que esto habría privado a los funcionarios de la discrecionalidad de importantes fondos públicos, vía no sólo AYSA, sino los fideicomisos “pisados” por el ministro.
Por último, hemos visto que ni los que se sentaban en el directorio de Aguas, a propuesta de los accionistas franceses no los sindicalistas, han sido solidarios en el reparto de responsabilidades. Tan es así, que el primero es el nuevo presidente de la empresa (Ben) y los segundos, se han quedado con el 10% de las acciones. O sea, ahora hay “nuevos amigos”.
Lamentablemente, no creo que el viejo adagio “La tercera es la vencida” se cumpla. Por el contrario, da la sensación que algunos funcionarios se están cebando.
Seguramente, habrá que agrandar las cárceles para cuando los K se vayan. Esperemos que la Justicia este al nivel que los hechos habrán de demandarle.
Abril 04, 2006.-
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