La argentina es una sociedad que se encuentra muy golpeada por sus propios gobernantes. A medida que pasa el tiempo, podemos ver de que manera aquella fábula del sapo en el agua hirviendo, va teniendo cada vez más vigencia. A fuego lento, las sucesivas administraciones corruptas e ineficientes (para administrar la cosa pública, no para engrosar sus propias cuentas), nos van sometiendo a la sociedad toda a las más absurdas situaciones y nadie reacciona.
Resulta que tenemos una sociedad compuesta por 35% de pobres e indigentes, que necesariamente, debe utilizar los servicios de salud pública para atenderse cuando su salud lo requiere.
Pero además, el 50% de la población trabaja en el sistema informal. Esto quiere decir, que carecen entre otras minucias, de seguro de salud. De obra social. Y como sus salarios son sensiblemente menores a los pagados en el mercado para igual trabajo pero formal, también carecen de dinero para pagar un servicio privado. O sea, también usan la salud pública.
Como los empleados (en el sector formal) en muchos rubros, no pueden atenderse en las obras sociales a las cuales aportan, ya que los sindicalistas utilizan los fondos que el gobierno les deriva, para fines distintos de la salud, una importante cantidad de empleados afiliados a obras sociales también usa los hospitales públicos. Especialmente en el interior, hay casos donde por falta de escala, las obras sociales mandan directamente a sus afiliados al hospital.
Y obviamente, no debemos olvidarnos del PAMI. De esta forma podemos asumir que entre un 60 - 65% de la población se atiende en el sistema de salud pública.
De aquí surge no sólo la responsabilidad que el estado tiene en la prestación de este servicio, sino y quizás más importante, en lo fundamental que las acciones del propio estado tienen en la prevención. Y no sólo porque la salud de los argentinos es importante, sino además y para no parecer demagógico, es más barato prevenir que curar. Y esto incide directamente en las cuentas públicas.
Si se volcase una importante cantidad de fondos de los que se presupuestan para “curar”, en prevenir y concienciar a la población de los riesgos que ciertas actividades diarias tienen sobre su salud, no sólo los argentinos serian más sanos, sino que además, podríamos hacer un importante ahorro, el cual para no perdernos del tema de la nota, se podría usar en otra cosa (baja de impuestos incluida).
El humo
Pero lamentablemente, el estado no sólo no se preocupa en prevenir, salvo algún reparto ocasional de preservativos o algún negocio de genéricos en manos de algún importante funcionario, sino que se desentiende del tema. Peor aún, pareciera que busca empeorar la salud de los argentinos.
En los próximos días, Felisa Miceli firmará un convenio con los fabricantes de cigarrillos en el que les asegura no modificar el esquema fiscal que sobre sus productos recae, a cambio de asegurar un piso de recaudación.
Veamos primero algunos números. El convenio firmado hace poco más de un año, aseguraba a la AFIP en 2005, la friolera de $ 4.000 millones (cuatro mil millones, para que no quepan dudas). La industria logro $3.910. Tan sólo en impuestos. Se podrá imaginar la cantidad de humo que eso representa. Dentro de los pulmones. Pechito argentino. Canceroso.
El convenio próximo a firmarse, promete un piso de recaudación de $4.200 millones (2006) y $4.400 millones para el 2007. A cambio de esto, el Ministerio de Economía se compromete a no modificar el régimen impositivo ni ninguna alícuota que afecte a los cigarrillos, en particular.
Una burla
A cambio de esta estabilidad fiscal, las empresas productoras se comprometen a mantener las fuentes de trabajo, a realizar planes de inversiones y a colaborar con el Estado en la lucha contra el contrabando de cigarrillos
En otras palabras, se comprometen a lo que ellos necesitan. Si el estado les mantiene las actuales condiciones, ellos podrán incluso vender más cigarrillos, para o cual, obviamente deberán no sólo mantener las fuentes de trabajo, sino quizás aumentarlas. Así como realizar inversiones para aumentar la capacidad instalada. De más está decir, que nadie más interesado que las tabacaleras, en combatir al contrabando de cigarrillos, dado que estos están mordiendo un 15% del mercado. Y cada punto que aumenta o disminuye, afecta directamente las ventas y resultados de los fabricantes locales.
Claro que todo tiene un porque. No sólo la zanahoria de poder aumentar las ventas está en la mente de la industria. En realidad les preocupa mucho más, la casi segura baja de estas (y resultados) que traerá aparejada la promulgación de una ley nacional que prohíba fumar en lugares públicos cerrados. Esta discusión se encuentra en el Congreso de la Nación y muchos lobbystas del humo en papel caminan por sus pasillos, a la caza de diputados y senadores que estén dispuestos a apoyarlos en su cruzada.
Esta administración demuestra claramente que poco le preocupa la salud de los argentinos. Y ni siquiera se da cuenta, que los mayores ingresos por la recaudación que las tabacaleras le aseguran, son menos que los mayores costos que deberá afrontar en salud en el futuro. Eso claro, sin pensar en el dolor de aquellas familias que empiecen a usar en sus conversaciones diarias, palabras tales como enfisema, cáncer, fatiga crónica y tantas otras calamidades, que seguramente algún médico podrá diagnosticar de manera masiva.
Negativo tanto para la salud de los argentinos, como para las arcas públicas. Sólo conveniente para los fabricantes de un producto que mundialmente, se combate con altos impuestos.
Tan sólo queda la ingenua esperanza, que los habitantes del Congreso de la Nación por una vez, piensen en la gente y no en su reelección o su cuenta personal. ¿Utópico?
Resulta que tenemos una sociedad compuesta por 35% de pobres e indigentes, que necesariamente, debe utilizar los servicios de salud pública para atenderse cuando su salud lo requiere.
Pero además, el 50% de la población trabaja en el sistema informal. Esto quiere decir, que carecen entre otras minucias, de seguro de salud. De obra social. Y como sus salarios son sensiblemente menores a los pagados en el mercado para igual trabajo pero formal, también carecen de dinero para pagar un servicio privado. O sea, también usan la salud pública.
Como los empleados (en el sector formal) en muchos rubros, no pueden atenderse en las obras sociales a las cuales aportan, ya que los sindicalistas utilizan los fondos que el gobierno les deriva, para fines distintos de la salud, una importante cantidad de empleados afiliados a obras sociales también usa los hospitales públicos. Especialmente en el interior, hay casos donde por falta de escala, las obras sociales mandan directamente a sus afiliados al hospital.
Y obviamente, no debemos olvidarnos del PAMI. De esta forma podemos asumir que entre un 60 - 65% de la población se atiende en el sistema de salud pública.
De aquí surge no sólo la responsabilidad que el estado tiene en la prestación de este servicio, sino y quizás más importante, en lo fundamental que las acciones del propio estado tienen en la prevención. Y no sólo porque la salud de los argentinos es importante, sino además y para no parecer demagógico, es más barato prevenir que curar. Y esto incide directamente en las cuentas públicas.
Si se volcase una importante cantidad de fondos de los que se presupuestan para “curar”, en prevenir y concienciar a la población de los riesgos que ciertas actividades diarias tienen sobre su salud, no sólo los argentinos serian más sanos, sino que además, podríamos hacer un importante ahorro, el cual para no perdernos del tema de la nota, se podría usar en otra cosa (baja de impuestos incluida).
El humo
Pero lamentablemente, el estado no sólo no se preocupa en prevenir, salvo algún reparto ocasional de preservativos o algún negocio de genéricos en manos de algún importante funcionario, sino que se desentiende del tema. Peor aún, pareciera que busca empeorar la salud de los argentinos.
En los próximos días, Felisa Miceli firmará un convenio con los fabricantes de cigarrillos en el que les asegura no modificar el esquema fiscal que sobre sus productos recae, a cambio de asegurar un piso de recaudación.
Veamos primero algunos números. El convenio firmado hace poco más de un año, aseguraba a la AFIP en 2005, la friolera de $ 4.000 millones (cuatro mil millones, para que no quepan dudas). La industria logro $3.910. Tan sólo en impuestos. Se podrá imaginar la cantidad de humo que eso representa. Dentro de los pulmones. Pechito argentino. Canceroso.
El convenio próximo a firmarse, promete un piso de recaudación de $4.200 millones (2006) y $4.400 millones para el 2007. A cambio de esto, el Ministerio de Economía se compromete a no modificar el régimen impositivo ni ninguna alícuota que afecte a los cigarrillos, en particular.
Una burla
A cambio de esta estabilidad fiscal, las empresas productoras se comprometen a mantener las fuentes de trabajo, a realizar planes de inversiones y a colaborar con el Estado en la lucha contra el contrabando de cigarrillos
En otras palabras, se comprometen a lo que ellos necesitan. Si el estado les mantiene las actuales condiciones, ellos podrán incluso vender más cigarrillos, para o cual, obviamente deberán no sólo mantener las fuentes de trabajo, sino quizás aumentarlas. Así como realizar inversiones para aumentar la capacidad instalada. De más está decir, que nadie más interesado que las tabacaleras, en combatir al contrabando de cigarrillos, dado que estos están mordiendo un 15% del mercado. Y cada punto que aumenta o disminuye, afecta directamente las ventas y resultados de los fabricantes locales.
Claro que todo tiene un porque. No sólo la zanahoria de poder aumentar las ventas está en la mente de la industria. En realidad les preocupa mucho más, la casi segura baja de estas (y resultados) que traerá aparejada la promulgación de una ley nacional que prohíba fumar en lugares públicos cerrados. Esta discusión se encuentra en el Congreso de la Nación y muchos lobbystas del humo en papel caminan por sus pasillos, a la caza de diputados y senadores que estén dispuestos a apoyarlos en su cruzada.
Esta administración demuestra claramente que poco le preocupa la salud de los argentinos. Y ni siquiera se da cuenta, que los mayores ingresos por la recaudación que las tabacaleras le aseguran, son menos que los mayores costos que deberá afrontar en salud en el futuro. Eso claro, sin pensar en el dolor de aquellas familias que empiecen a usar en sus conversaciones diarias, palabras tales como enfisema, cáncer, fatiga crónica y tantas otras calamidades, que seguramente algún médico podrá diagnosticar de manera masiva.
Negativo tanto para la salud de los argentinos, como para las arcas públicas. Sólo conveniente para los fabricantes de un producto que mundialmente, se combate con altos impuestos.
Tan sólo queda la ingenua esperanza, que los habitantes del Congreso de la Nación por una vez, piensen en la gente y no en su reelección o su cuenta personal. ¿Utópico?
Abril 18, 2006.-
Publicado en Fundación ATLAS 1853 (www.atlas.org.ar)
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