A partir de la publicación de los últimos índices de desocupación publicado por el INDEC, se ha comenzado a tomar conciencia, de la no necesaria correlación entre dicho indicador y la calidad de vida. Esto es, aún cuando la probabilidad de un índice de desempleo de un dígito se encuentra a la vuelta de la esquina, la pobreza sigue por encima de cualquier serie estadística anterior al 2002, alineándose con el desempeño latinoamericano.
Luego de mucha tinta, se ha logrado explicar que tener empleo y ser pobre pueden ir de la mano.
Hoy nos encontramos ante el escenario que desde la izquierda y el sindicalismo se presagiaba ante lo que se dio en llamar en los 90’s, los contratos basura. Estos contratos eran ni más ni menos, tal como podemos recordar, la posibilidad de despedir sin causa un porcentaje de empleados dentro de los primeros dos años. Mientras tanto cobraban, se insertaban y finalmente, aún en el caso de ser despedidos, podían demostrar capacitación y continuidad laboral, algo tan difícil hoy.
Pero lo que más efecto hizo para su eliminación, fue la comparación con los ingresos y niveles de vida que habrían de tener esos empleados, a los que se los comparó con los obreros del sudeste asiático. Salarios magrísimos, imposibilidad de movilidad social ascendente y total desprotección.
Paradójicamente, no fueron los 90’s los que lograron cumplir dicho objetivo, sino la primera década del siglo XX, teniendo el poder el progresismo setentista.
Hoy la Argentina vive la peor situación en términos relativos: en términos de niveles pobreza, desprotección del trabajador (50% del empleo es informal, sin seguro médico, accidentes de trabajo ni de retiro) e inmovilidad social.
La inversión
A estas alturas, ya todos coincidimos que son las inversiones las que pueden hacer la diferencia. La administración K ejecuta las inversiones del estado, repartidas según un criterio de caja política, mientras aquellos que pueden siguen pagando impuestos para que los empresarios amigos del poder, sigan haciendo mantenimiento del stock de capital, pero ni piensen en invertir en serio, pagan.
Claro que estos empresarios no actúan así por odio hacia la sociedad. Lo hacen por que si hay algo que este gobierno no puede, es dar garantías de estabilidad en las normas en el mediano y largo plazo ni asegurar un estado de derecho con una justicia independiente ni dar seguridad, siquiera personal. Si consideramos que los fallos de la justicia son los grandes redistribuidores de recursos cuando se plantean litigios no sólo entre particulares sino con el mismo estado, entenderemos que no se trata simplemente de tener jueces probos, sino que las controversias se resuelvan según las normas vigentes a la fecha de realizada una inversión.
En estos últimos días, la justicia ha eliminado los limites a los juicios por accidentes de trabajo, ha hecho que los directores de una sociedad sean solidarios en los reclamos por juicios laborales e incluso se ha atacado uno de medios más importantes para obtener mayor productividad a través de la especialización, al permitirse a un empleado de una empresa que realiza tareas que otra terceriza, a ir contra esta, aún cuando no exista ningún vinculo entre ambas más allá del contrato comercial. Si a estos contingentes, sumamos la tremenda carga impositiva que de manera constante se agrega, la imposición de los precios de venta y de los costos (especialmente los salarios), congelamiento de tarifas (reasignando de manera ineficiente recursos económicos) y la imposibilidad de ajustar los balances por lo que se obliga al pago sobre una ganancia ficticia, no es difícil entender por que la inversión se debe realizar desde el sector público.
¿Y el asado?
Pero el gobierno ha decidido que esto aún no es suficiente y dado que el control de precios no ha dado el resultado que la “fuerte convicción” del presidente, esperaba esta vez hiciera la diferencia, ahora decidió volver a la época de Robinson Crusoe. Cerrar la economía.
Cerramos la posibilidad de venta de carne al exterior y entonces los excedentes se volcaran al mercado interno, haciendo así bajar los precios internos. ERROR.
Lo único que se va a lograr ahora, es que haya más productores que liquiden sus stocks de ganado (cuando lleguen a los 280 kg. ) y luego se pasen a la soja.
¿Por qué la soja? Fácil. Todavía los argentinos no comemos soja en cantidad suficiente, como para que muchos se quejen, se pierdan votos e impacte en el índice de precios. Mientras esto sea así, quien produzca soja, podrá cobrar en dólares a un precio internacional menos retenciones, es la participación del gobierno en la renta privada de los sojeros. Socio en las utilidades.
En el cortísimo plazo, el precio de la carne no subirá, incluso podrá bajar algo, atento que pocos serán los que se querrán quedar con vacas. Una vez liquidada una parte del stock, los precios volverán a subir, ya que la oferta volverá a contraerse, pero ya no habrá ningún otro paliativo.
Dice el gobierno que la suspensión es por 180 días. Alguien debería explicarle al presidente (Felisa parece que faltó a esa clase), que los mercados una vez que se cierran por una decisión unilateral como esta, tardarán mucho más de 180 días en abrirse, ya que no sólo son importantes el precio y la calidad en una relación comercial de largo plazo, sino la capacidad de asegurar la provisión del bien. Y esto, por más que los productores juren por la mamá de cada uno, ya nadie les creerá. Después de todo, no fueron ellos quienes cortaron la entrega, sino el mismo gobierno que jura querer un país mejor. Para ellos.
Dentro de un tiempo, cuando quiera asado, si no es ABC1, quizás debe confirmarse con una saludable y económica “tira de soja”. Eso sí. Podrá elegir. Transgénico o standard.
Piense que el gobierno decidió dar este paso, solo para ayudarle a combatir el colesterol, la gota y el mal aliento.
Marzo 10 de 2006.-
Luego de mucha tinta, se ha logrado explicar que tener empleo y ser pobre pueden ir de la mano.
Hoy nos encontramos ante el escenario que desde la izquierda y el sindicalismo se presagiaba ante lo que se dio en llamar en los 90’s, los contratos basura. Estos contratos eran ni más ni menos, tal como podemos recordar, la posibilidad de despedir sin causa un porcentaje de empleados dentro de los primeros dos años. Mientras tanto cobraban, se insertaban y finalmente, aún en el caso de ser despedidos, podían demostrar capacitación y continuidad laboral, algo tan difícil hoy.
Pero lo que más efecto hizo para su eliminación, fue la comparación con los ingresos y niveles de vida que habrían de tener esos empleados, a los que se los comparó con los obreros del sudeste asiático. Salarios magrísimos, imposibilidad de movilidad social ascendente y total desprotección.
Paradójicamente, no fueron los 90’s los que lograron cumplir dicho objetivo, sino la primera década del siglo XX, teniendo el poder el progresismo setentista.
Hoy la Argentina vive la peor situación en términos relativos: en términos de niveles pobreza, desprotección del trabajador (50% del empleo es informal, sin seguro médico, accidentes de trabajo ni de retiro) e inmovilidad social.
La inversión
A estas alturas, ya todos coincidimos que son las inversiones las que pueden hacer la diferencia. La administración K ejecuta las inversiones del estado, repartidas según un criterio de caja política, mientras aquellos que pueden siguen pagando impuestos para que los empresarios amigos del poder, sigan haciendo mantenimiento del stock de capital, pero ni piensen en invertir en serio, pagan.
Claro que estos empresarios no actúan así por odio hacia la sociedad. Lo hacen por que si hay algo que este gobierno no puede, es dar garantías de estabilidad en las normas en el mediano y largo plazo ni asegurar un estado de derecho con una justicia independiente ni dar seguridad, siquiera personal. Si consideramos que los fallos de la justicia son los grandes redistribuidores de recursos cuando se plantean litigios no sólo entre particulares sino con el mismo estado, entenderemos que no se trata simplemente de tener jueces probos, sino que las controversias se resuelvan según las normas vigentes a la fecha de realizada una inversión.
En estos últimos días, la justicia ha eliminado los limites a los juicios por accidentes de trabajo, ha hecho que los directores de una sociedad sean solidarios en los reclamos por juicios laborales e incluso se ha atacado uno de medios más importantes para obtener mayor productividad a través de la especialización, al permitirse a un empleado de una empresa que realiza tareas que otra terceriza, a ir contra esta, aún cuando no exista ningún vinculo entre ambas más allá del contrato comercial. Si a estos contingentes, sumamos la tremenda carga impositiva que de manera constante se agrega, la imposición de los precios de venta y de los costos (especialmente los salarios), congelamiento de tarifas (reasignando de manera ineficiente recursos económicos) y la imposibilidad de ajustar los balances por lo que se obliga al pago sobre una ganancia ficticia, no es difícil entender por que la inversión se debe realizar desde el sector público.
¿Y el asado?
Pero el gobierno ha decidido que esto aún no es suficiente y dado que el control de precios no ha dado el resultado que la “fuerte convicción” del presidente, esperaba esta vez hiciera la diferencia, ahora decidió volver a la época de Robinson Crusoe. Cerrar la economía.
Cerramos la posibilidad de venta de carne al exterior y entonces los excedentes se volcaran al mercado interno, haciendo así bajar los precios internos. ERROR.
Lo único que se va a lograr ahora, es que haya más productores que liquiden sus stocks de ganado (cuando lleguen a los 280 kg. ) y luego se pasen a la soja.
¿Por qué la soja? Fácil. Todavía los argentinos no comemos soja en cantidad suficiente, como para que muchos se quejen, se pierdan votos e impacte en el índice de precios. Mientras esto sea así, quien produzca soja, podrá cobrar en dólares a un precio internacional menos retenciones, es la participación del gobierno en la renta privada de los sojeros. Socio en las utilidades.
En el cortísimo plazo, el precio de la carne no subirá, incluso podrá bajar algo, atento que pocos serán los que se querrán quedar con vacas. Una vez liquidada una parte del stock, los precios volverán a subir, ya que la oferta volverá a contraerse, pero ya no habrá ningún otro paliativo.
Dice el gobierno que la suspensión es por 180 días. Alguien debería explicarle al presidente (Felisa parece que faltó a esa clase), que los mercados una vez que se cierran por una decisión unilateral como esta, tardarán mucho más de 180 días en abrirse, ya que no sólo son importantes el precio y la calidad en una relación comercial de largo plazo, sino la capacidad de asegurar la provisión del bien. Y esto, por más que los productores juren por la mamá de cada uno, ya nadie les creerá. Después de todo, no fueron ellos quienes cortaron la entrega, sino el mismo gobierno que jura querer un país mejor. Para ellos.
Dentro de un tiempo, cuando quiera asado, si no es ABC1, quizás debe confirmarse con una saludable y económica “tira de soja”. Eso sí. Podrá elegir. Transgénico o standard.
Piense que el gobierno decidió dar este paso, solo para ayudarle a combatir el colesterol, la gota y el mal aliento.
Marzo 10 de 2006.-
Publicado en La Nueva Provincia (Bahia Blanca), Fundación ATLAS 1853 (www.atlas.org.ar) y LATIN LIBER (http://www.latinliber.com/)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario