martes, 3 de julio de 2007

La salud porteña

El pasado 02 de Septiembre, asumió el nuevo secretario de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En una de las últimas declaraciones ante la prensa, el secretario saliente, Alfredo Stern dijo que si bien es cierto que hay graves problemas en el sistema de salud de la Ciudad, no se puede encarar su solución, dado que la situación en el resto del país y particularmente en la Provincia de Buenos Aires es tan mala, que un mayor diferencial en la calidad, haría que un mejor sistema colapse. En otras palabras, reconoció que el mercado funciona y que si sólo se mejora el sistema de salud de la Ciudad, todos querrán atenderse en él y de esa forma no habría forma de evitar el colapso. Esto se llama arbitraje. (¿Estarán los socialistas, perdón los progresistas, leyendo a von Mises?)

Donato Spaccavento, el nuevo secretario, quien llega con el aval de la Casa Rosada, dijo en una de sus primeras declaraciones casi en respuesta a aquel comentario de Stern, que no coincide con esa visión del hospital público. Considera que se debe mejorar el sistema de salud porteño, independientemente de lo que suceda en el resto del país (y países limítrofes, no nos olvidemos) y atender a todos quienes demanden del servicio. Claro que esto es mucho más correcto políticamente (¿Será por que uno se va y el otro llega, la diferencia de criterio?), pero se olvida de una cuestión básica: quienes financian el sistema de salud de la Ciudad, son los porteños, aún cuando la mayoría de los que pagan sus impuestos no sean los que finalmente utilicen el servicio.

El punto mencionado por Stern es totalmente correcto. Pero no es en si insalvable, a efectos de evitar que la Ciudad de Buenos Aires subsidie la salud pública del resto de las provincias y de países limítrofes. Es entendible que las inversiones necesarias para dar una correcta prestación en el interior puede que no sean posibles de ser realizadas de manera inmediata y por ende no prestar el servicio a los no porteños puede producir un daño importante en la salud de estos. Pero se debe cuidar también a los residentes de la ciudad, que entre otras cosas, pagan el salario de los funcionarios locales y son quienes los votan.

Desde ya que en esta propuesta, no se pretende hacer extensivo el uso de los hospitales públicos a los extranjeros no residentes. No es xenofobia. Simplemente, los recursos de los argentinos son para los argentinos, salvo las decisiones particulares de cada uno.

Lo primero que debería implementarse es un control donde se verifique la residencia del paciente, por ejemplo, con el DNI. Esto además traería aparejado como beneficio adicional, un sinceramiento de los padrones. Aquellos que no sean residentes de la Ciudad de Buenos Aires, deberán contar con un voucher expedido por algún órgano responsable de la provincia de origen, donde esta se obliga a pagar el costo de la prestación. Eventualmente, se pueden acordar topes para las mismas y los mayores costos, deberán ser autorizados por aquella provincia. Y el pago de las prestaciones se deducirá de las transferencias que mensualmente se realizan a las provincias en concepto de coparticipación, desde la Nación. De esta manera, los residentes (argentinos y extranjeros) en el resto del país, podrán atenderse en el sistema de Salud Pública de la Ciudad, sin que se sientan discriminados respecto de los porteños. Los gobiernos del resto de los distritos no deberían encarar de manera inmediata y completa las inversiones en equipamiento e infraestructura que eventualmente puedan estar necesitando y los porteños no se sentirían esquilmados, lo que ayudaría a integrar a todos los habitantes de este país.

Claro que esto también obligaría por un lado a las provincias a destinar recursos a un sector que hoy desatiende: la salud de SUS habitantes. Por otro lado, a la Ciudad la obligaría ahora sí, a mejorar el sistema local, pudiéndose entonces aplicar la primera mitad del pensamiento del nuevo secretario de Salud.

El segundo punto, es la atención a quienes tienen otros sistemas asistenciales, pero por realizar una pésima gestión, estos sistemas no tienen la menor capacidad para la prestación del servicio y de esa manera, el paciente termina en el hospital público. Me refiero a las Obras Sociales, las que en su mayoría se encuentra administradas por los sindicatos, quienes usan los fondos en cualquier otra cosa menos en la que deberían. De esa forma, gran parte de las 230 Obras Sociales Sindicales, derivan a sus afiliados al sistema publico de salud, pero se quedan con 8.1% de sus salarios. Pues si hubiese decisión política se podría verificar al momento de la prestación, la afiliación del paciente y generarse un débito a la Obra Social. En este caso no se requiere aprobación alguna, ya que ese paciente ha pagado el importe a la Obra Social y en este punto estaría ejerciendo su derecho a ser atendido. Y si la Obra Social no quisiera que esto pase, habrá de asegurarse de tener la infraestructura necesaria para que su afiliado no tenga que ir al Hospital. Desde ya, que en este caso, ya no importa el domicilio del paciente. Alcanza con que esta afiliado a una Obra Social, en la Ciudad de Buenos Aires, en Ushuaia o en La Quiaca. Y los fondos serían transferidos desde las cuentas nacionales de recaudación de aportes, de manera automática.

No debemos olvidar que el sistema de salud pública, tal como está diseñado, tiene como objetivo principal la prestación de asistencia médica a quienes no disponen de otra. Llegar a tener un sistema público universal, es un largo camino.

Para mejorar el sistema de salud pública en la Ciudad, lo primero que a nuestro entender debe hacerse, es dar autonomía financiera y de gestión a cada uno de los Hospitales, con una única condición previa: Alargar los horarios de atención.

Algunos se llenan la boca con que los nosocomios porteños tienen ya la autonomía antes mencionada y dado que la misma no ha dado resultados, ahora lo que se debe realizar es descentralizar. Peras con batatas, diría mi abuela.

Veamos. La autonomía implica que fin de cada ejercicio, los directores de cada nosocomio deban rendir cuentas cuali y cuantitativas ante el secretario de salud, quien de esta manera, será el responsable ante el Jefe de Gobierno y los porteños decidirán con su voto si el desempeño ha sido o no satisfactorio. Pero para esto, lo primero que debe darse a aquellos directores, es la capacidad de nombrar y despedir al personal de cada Hospital. Hoy nos encontramos con que los recursos humanos del sistema son nombrados desde la Secretaria y por ende impuestos a los responsables de cada unidad. Aunque seguramente podríamos, no haremos mención de los clásicos ñoquis de la Administración Pública. Pero con sólo pensar que es el Director quien puede medir el desempeño y definir las necesidades y que 58% del presupuesto se va el personal, entonces entenderemos que no existe autarquía sin control de los recursos humanos. Tan sólo para tener una ligera idea, consideremos que según constan en los registros, hay muchos más médicos en las plantillas de los que se requieren y muchísimo menos personal auxiliar y de enfermería del requerido, muchos con importante déficit en su capacitación.

Lo realmente paradójico para estirar los horarios de atención, es que los médicos necesarios están y el personal de enfermería es deficitario en cantidad, aún cuando se mantenga el esquema actual.

Si se quiere brindar una Salud Pública como se debe, no se requieren más fondos desde la Ciudad. Se requiere decisión, habilidad de gestión y honestidad. Esperemos que el nuevo secretario, cuando se vaya no repita lo dicho por su predecesor.


Septiembre 07 de 2005.-

Publicado en Fundación ATLAS 1853 (www.atlas.org.ar) y DIARIO DE AMERICA (www.diariodeamerica.com)

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