En estos últimos días mucho se ha dicho sobre la discusión entre el presidente Kirchner y el gobernador Solá, respecto de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Habida cuenta, es uno de los temas pendientes en la próxima revisión de cumplimiento de metas, por parte del FMI.
Los participantes han tratado de defender a alguna de las partes, cada uno con su propia biblioteca. Pero es preciso comenzar a discutir, más allá de quien tiene o pretende tener razón, si el sistema de coparticipación actual tiene sentido económico, político y si es constitucional, tal como está planteado.
La propuesta presentada por el PEN, solo le da mayor discrecionalidad a si mismo para XXXX
Hoy el promedio del gasto provincial dependiente de las transferencias del gobierno nacional, ronda el 60%, hay provincias donde esa relación es 93%. Este nivel de dependencia de las transferencias nacionales, convierte al federalismo en un concepto vacío y declamatorio.
Si partimos de la premisa que el estado nacional, no produce uno solo de los pesos que gasta, sino que todos ellos se producen en alguna provincia, el efecto redistributivo aparece como alto. Si además identificamos a las provincias que mayor nivel de transferencias requieren para llegar a fin de cada mes, como las que menos recaudan, el efecto de redistribución, se torna confiscatorio.
De manera complementaria, estas provincias son la que participan con las alícuotas menores sobre el total de los fondos. Esto es un elemento clave del porque los niveles de evasión en ellas son superiores al promedio nacional. Con niveles menores al 2% del total de los fondos a coparticipar, por cada $100 que evitaran la evasión, sólo les volverían $2 o menos. Sin ejercer presión fiscal alguna, los $100 quedan en el consumo de la provincia. ¿Cuál es el premio por recaudar?
A partir de estas realidades, es que debemos comenzar a evaluar una ley de coparticipación, donde al igual que en cualquier actividad privada, las responsabilidades y los derechos sean proporcionales. Invertir el sentido del flujo de la recaudación - de las provincias a la nación -, es el inicio y va de la mano del criterio de la Correspondencia Fiscal. Correspondencia entre la capacidad de definir gastos y la responsabilidad de recaudar los recursos.
Si las provincias logran independizarse del torniquete fiscal nacional, entonces, podrán comenzar a construir cada una de ellas un proyecto que las diferencie del resto e incentivar las inversiones, según cada propuesta, en lugar que un burócrata sentado en la Ciudad de Buenos Aires, pretenda definir el perfil de cada provincia, como en un juego de mesa.
Pero no termina aquí. Los últimos 75 años de centralismo porteño han desarrollado desigualdades entre las distintas provincias, para los que será preciso un periodo de transición de entre 5 y 10 años, para poder dar oportunidad a cada distrito de revertir ese daño. Para eso, se requiere de la creación de un Fideicomiso Interprovincial, donde las provincias superavitarias aportaran, de manera decreciente en el tiempo, hasta el décimo año y las provincias deficitarias utilizaran para fondearse, compensando su propia recaudación, hasta los mismos niveles del ultimo año del presente sistema. En la administración de este fondo sólo deberían participar los representantes de los gobiernos provinciales y el del estado nacional, lo haría en calidad de veedor.
Asimismo, este mismo fondo tendría una segunda función, la que subsistirá aun después de la transición, y es el de balancear los ciclos negativos, de forma que cuando la recaudación consolidada, disminuya, no se deba compensar los menores fondos con préstamos.
El proyecto incluye la eliminación de Ingresos Brutos y Sellos, así como de las ATN (Aportes del Tesoro Nacional, siempre discrecionales), y el desdoblamiento del resto de los impuestos en provinciales y nacionales.
La primera consecuencia de esta propuesta es la necesidad de garantizar la recaudación para cualquier nuevo gasto que el ejecutivo o legislativo de cada provincia, pretenda crear. Esto va de la mano con el proyecto de Responsabilidad Fiscal, recientemente enviado al Congreso de la Nación, desde el PEN.
La segunda consecuencia, quizás de mayor trascendencia política, será el grado de independencia que los distintos niveles de administración pública adquirirá, la limitación al excesivo centralismo presidencialista y la vuelta al federalismo que, nuestros abuelos consideraron como una de las características fundamentales del Estado Argentino.
Esta sería en sí misma, quizá la reforma política de mayor significación que podemos impulsar.
Agosto, 2004
Los participantes han tratado de defender a alguna de las partes, cada uno con su propia biblioteca. Pero es preciso comenzar a discutir, más allá de quien tiene o pretende tener razón, si el sistema de coparticipación actual tiene sentido económico, político y si es constitucional, tal como está planteado.
La propuesta presentada por el PEN, solo le da mayor discrecionalidad a si mismo para XXXX
Hoy el promedio del gasto provincial dependiente de las transferencias del gobierno nacional, ronda el 60%, hay provincias donde esa relación es 93%. Este nivel de dependencia de las transferencias nacionales, convierte al federalismo en un concepto vacío y declamatorio.
Si partimos de la premisa que el estado nacional, no produce uno solo de los pesos que gasta, sino que todos ellos se producen en alguna provincia, el efecto redistributivo aparece como alto. Si además identificamos a las provincias que mayor nivel de transferencias requieren para llegar a fin de cada mes, como las que menos recaudan, el efecto de redistribución, se torna confiscatorio.
De manera complementaria, estas provincias son la que participan con las alícuotas menores sobre el total de los fondos. Esto es un elemento clave del porque los niveles de evasión en ellas son superiores al promedio nacional. Con niveles menores al 2% del total de los fondos a coparticipar, por cada $100 que evitaran la evasión, sólo les volverían $2 o menos. Sin ejercer presión fiscal alguna, los $100 quedan en el consumo de la provincia. ¿Cuál es el premio por recaudar?
A partir de estas realidades, es que debemos comenzar a evaluar una ley de coparticipación, donde al igual que en cualquier actividad privada, las responsabilidades y los derechos sean proporcionales. Invertir el sentido del flujo de la recaudación - de las provincias a la nación -, es el inicio y va de la mano del criterio de la Correspondencia Fiscal. Correspondencia entre la capacidad de definir gastos y la responsabilidad de recaudar los recursos.
Si las provincias logran independizarse del torniquete fiscal nacional, entonces, podrán comenzar a construir cada una de ellas un proyecto que las diferencie del resto e incentivar las inversiones, según cada propuesta, en lugar que un burócrata sentado en la Ciudad de Buenos Aires, pretenda definir el perfil de cada provincia, como en un juego de mesa.
Pero no termina aquí. Los últimos 75 años de centralismo porteño han desarrollado desigualdades entre las distintas provincias, para los que será preciso un periodo de transición de entre 5 y 10 años, para poder dar oportunidad a cada distrito de revertir ese daño. Para eso, se requiere de la creación de un Fideicomiso Interprovincial, donde las provincias superavitarias aportaran, de manera decreciente en el tiempo, hasta el décimo año y las provincias deficitarias utilizaran para fondearse, compensando su propia recaudación, hasta los mismos niveles del ultimo año del presente sistema. En la administración de este fondo sólo deberían participar los representantes de los gobiernos provinciales y el del estado nacional, lo haría en calidad de veedor.
Asimismo, este mismo fondo tendría una segunda función, la que subsistirá aun después de la transición, y es el de balancear los ciclos negativos, de forma que cuando la recaudación consolidada, disminuya, no se deba compensar los menores fondos con préstamos.
El proyecto incluye la eliminación de Ingresos Brutos y Sellos, así como de las ATN (Aportes del Tesoro Nacional, siempre discrecionales), y el desdoblamiento del resto de los impuestos en provinciales y nacionales.
La primera consecuencia de esta propuesta es la necesidad de garantizar la recaudación para cualquier nuevo gasto que el ejecutivo o legislativo de cada provincia, pretenda crear. Esto va de la mano con el proyecto de Responsabilidad Fiscal, recientemente enviado al Congreso de la Nación, desde el PEN.
La segunda consecuencia, quizás de mayor trascendencia política, será el grado de independencia que los distintos niveles de administración pública adquirirá, la limitación al excesivo centralismo presidencialista y la vuelta al federalismo que, nuestros abuelos consideraron como una de las características fundamentales del Estado Argentino.
Esta sería en sí misma, quizá la reforma política de mayor significación que podemos impulsar.
Agosto, 2004
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